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Gobernador Monsalvo le exige a la Agencia Nacional de Infraestructura reparación del ecosistema y mayor control con el trabajo que adelanta la Concesionaria Ruta del Sol en las quebradas del Cesar

18 agosto, 2014

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En el marco de la Mesa de Infraestructura de Transporte adelantada en Valledupar con presencia de los alcaldes, diputados y líderes comunales del Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco le exigió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tomar medidas efectivas para evitar que la Concesionaria Ruta del Sol siga generando un severo daño al ecosistema.

Luego de adelantar un estudio por los diferentes municipios del Departamento, Monsalvo Gnecco encontró que debido a la necesidad de conseguir material de construcción con la calidad requerida por el proyecto, se ha generado un aumento insostenible de la producción, generando graves e irreparables daños ambientales en las fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales.

“Adicionalmente a la problemática ambiental y social derivada de la explotación de carbón de la zona centro del Cesar, actualmente se desarrolla el proyecto Ruta del Sol, que cruza de sur a norte gran parte de los centros poblados del departamento, y que también llegó atropellando los derechos de los cesarenses”, indicó el Gobernador.

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Durante el encuentro, Monsalvo le dijo al director de la ANI, Luis Fernando Andrade que producto de esta situación, hoy se registra en el Cesar desviación de cauce de ríos, procesos de sedimentación y de erosión, incumplimiento de la normatividad vigente, dado que las profundidades de la operación superan los 1,5 metros permitidos, y ampliación de cauces, entre otras.

Monsalvo agregó que el problema es más de fondo porque hasta la fecha Ruta del Sol en los tramos II y III, en el marco de los contratos de concesión suscritos por la Agencia Nacional de Infraestructura con Consol y Yuma respectivamente, ha incumplido la normatividad ambiental vigente en los casos que las explotaciones son operados directamente por ellos, mediante la figura de autorización temporal y agregó que hasta la fecha no cuentan con la totalidad de explotaciones legales en el departamento que garanticen el volumen y la calidad del material requerido para el proyecto, lo que los ha llevado a adquirir material en explotaciones con una expectativa de legalización, y en algunos casos ilegales.

“En algunos municipios del departamento, además, ha sido posible evidenciar que las empresas con el ánimo de evitar la inversión del 1% del total del proyecto en la protección de las cuencas, de acuerdo a los establecido en el Decreto 1900 de 2006, han optado por evitar tramitar permisos de concesión de agua superficial o subterránea, para terminar comprando agua potable a los acueductos municipales que presentan problemas de desabastecimiento”, dijo el mandatario.

Actualmente, las empresas no han considerado el entorno social como variable en el marco del desarrollo del proyecto, con lo que se evidencia deficiencia en la socialización del proyecto, disconformidad de las comunidades afectadas y a la fecha, no han propuesto soluciones coherentes que compensen las afectaciones sociales y económicas generadas por el desarrollo del proyecto, agregó.

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